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Mi último libro

Introducción

Este nuevo libro a través de una cronología rigurosa pretende denunciar una vez más, la trágica muerte de mi único y querido hijo Arturo, además de denunciar un proceso judicial con sentencias que han sido calificadas de “alarma social”, incluso, por gente de la propia judicatura. Una muerte y un proceso que han traspasado fronteras y han impactado a una gran parte de la clase médica de distintos países del mundo.

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También pretende ser, un aviso para todos aquellos jóvenes que, padeciendo algún tipo de problema psicológico, huyan de médicos que faltados de toda ética moral y profesional, se presentan como amigos vendiéndote “tratamientos del futuro” que te resolverán tus problemas pero que, contrariamente, sin pudor ni remordimiento, te engañan, estafan y matan.

Puede dar respuesta, a la vez, a todas aquellas personas que se preguntan repetidamente a través de los años, ¿cómo es posible que a un muchacho físicamente sano, que tan solo intenta solucionar un problema psicológico de neurosis obsesiva – un “Trastorno obsesivo compulsivo, TOC”, o lo que antaño decíamos manía -, para no tener problemas de salud en el futuro, le “achicharren” el cerebro, como sentenció la señora Fiscal en las vistas orales del juicio, se lo “frían literalmente”, como salió publicado en distintos medios de comunicación y muera preso de terribles sufrimientos y los médicos culpables queden impunes?

Contiene, además, apuntes de hechos íntimos familiares que, quizás no sería necesario explicar pero que considero importantes para desmentir todas las falsedades que se han vertido sobre mi hijo, tanto por parte de los médicos que le mataron cómo, y esto es mucho más grave, por parte de los jueces que les han juzgado. Explicar cómo era mi hijo y cómo llegó a tan trágico final, deja constancia de la maldad de unos y de otros que roban vidas humanas sin que a ningún responsable le importe nada. Y, sobre esta cuestión, me pregunto: ¿Harán algo los nuevos políticos ante crímenes que deben ser condenados como señala la ley, pero que por intereses propios o ajenos de los jueces quedan impunes con el falso mito de la ley interpretativa que, como mala ley, debe ser tirada a la basura? Si así se hiciera sería un gran paso para que la Justicia hiciera honor a su nombre. Sería importantísimo contemplarlo en la nueva Constitución. Contemplar la obligación de aplicar las leyes, que las tenemos y buenas, legislar de nuevas, las que hagan falta y, contemplar la figura del juez como trabajador del y para el pueblo y no como un dictador juzgando a su gusto y capricho.

Para que se pueda comprender el porqué de un proceso tan largo como el que me han obligado a emprender, de una “persecución” tan larga contra médicos y jueces, como dicen algunos – “persecución” -, es necesario tener la voluntad de ponerse un poco en la piel de la víctima – Arturo –, también en la piel de las víctimas indirectas – la familia -, y después, ver la actuación de los médicos que le mataron y su posterior conducta y, en especial, la actuación de los jueces que han juzgado este dramático suceso y que han actuado más bien como abogados defensores de los culpables, que como juzgadores con ánimos de juzgar con honestidad y la verdad, deber de todo juzgador.

Se habla mucho del respeto que debemos a los Tribunales de Justicia para no socavar al Estado de Derecho. Pregunto: ¿Y cuándo es el Estado de Derecho el que viola nuestros derechos, qué hemos que hacer? Porque, una cosa es la interpretación de la ley en la que se pueda estar más o menos acertado, todo y que una ley interpretativa es una mala ley, y otra cosa muy distinta, es violarla a sabiendas de que se está violando: a esto se le llama PREVARICAR, y esto está condenado en el Código Penal y, más prevaricación y violación de la ley que en las sentencias dictadas por los jueces que han juzgado y han absuelto a los médicos que mataron a mi hijo, ya es imposible y, quien esté interesado en mis escritos, podrá constatarlo con pruebas fehacientes, no por la palabra de uno o del otro que suele falsearse por una de las dos partes.

Una vez escribí, y se publicó en diferentes medios de comunicación: “Los seres humanos tenemos derechos y cuando éstos son violados, pisoteados y escarnecidos por quienes tienen el deber de defenderlos, “los jueces”, las victimas tenemos todo el derecho del mundo a luchar contra la injusticia utilizando todos los medios a nuestro alcance; todos y durante los años que sean necesarios”. Y esto es lo que yo he venido, y vengo haciendo a través de los años: utilizar mis derechos a pesar de que los jueces, unos tras otros me los han seguido violando, incluso, con amenazas. Algo tan inusual y censurable en un proceso judicial y Estado de Derecho, que hasta parece imposible que haya sido una realidad.

He de decir que, es tanta la información recabada durante los casi veintiocho años, contando desde el día que se presentó la querella, hasta que he empezado a escribir este nuevo libro, que necesitaría tomos y tomos de libros para poderla exponer completa: todos los escritos, informes y más informes, querellas, sentencias, recursos, más sentencias, vuelta a los recursos…Tribunales de Justicia Europeos… Pero, teniendo la pretensión – no sé si lo conseguiré -, de convertir este nuevo libro en uno de los llamados de bolsillo, me veo en la necesidad de reducir al máximo parte importante de la historia, pero conservando los puntos más esenciales y sobresalientes del drama que le obligaron a vivir a mi hijo hasta su muerte los dos personajes que tuvimos la gran desgracia de encontrar en el camino de la nuestra vida: los mal llamados médicos Benjamín Guix Melcior y Enrique Rubio García.

Para empezar, he recurrido a una CRONOLOGÍA que me parece acertada en la forma ya que con una sola mirada se puede abarcar lo que ha sido este proceso y darse una idea de la magnitud del mismo: doloroso, costoso, intenso y que te ha ido consumiendo la vida poco a poco.

Los padres, cargados con el dolor de perder a sus hijos por imprudencias o actos criminales médicos, sin poderlo imaginar, nos hemos de enfrentar a un sistema judicial que permite a jueces como, por ejemplo, Andrés Montalbán, Magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia, declarar sin ningún tipo de pudor, en Diario Médico de 27/3/2009: “Quiénes pasan por un auténtico calvario son los médicos denunciados por culpa de unos caprichosos que ven en las negligencias una forma fácil de enriquecerse” o, como el Magistrado del Tribunal Supremo, José Manuel Martínez Pereda, en Diario Médico, 24/5/1996, que explica: “En el caso de que un paciente muera a causa de una imprudencia grave se contempla para el profesional sanitario una pena de cuatro años de prisión, pero si esta imprudencia se califica de profesional le inhabilita para el ejercicio de la profesión durante un periodo de tres a seis años. Aunque al sanitario le suspendan la prisión, al ser inferior a los dos años, con la inhabilitación le quitan al médico la manera de comer”, afirmó Martínez Pereda.

En opinión del magistrado, este es un problema muy serio: “Me imagino que los juzgadores se atarán los machos y tendrán mucho cuidado para declarar una imprudencia profesional porque dos años de inhabilitación es como para ir a casa del juez”.

Sobre estas declaraciones, hice algunos comentarios-preguntas en algunos medios de comunicación, como, por ejemplo: “¿Acaso los jueces tienen miedo a que los médicos “les hagan una visita en su casa” si los condenan por imprudencia profesional y, por eso, como normativa, les absuelven a todos, aunque para ello deban oprimirse fuertemente la venda de la Justicia para no ver la imprudencia profesional? ¿O, sencillamente, es que la mayoría de los jueces piensan como el juez Martínez Pereda? ¿Será por esta forma de pensar que en el 1996 y siguientes, se celebraron unas reuniones entre médicos, jueces, abogados, aseguradoras y representantes de la Sanidad, pero sin ningún representante de Asociaciones de víctimas de negligencias médicas? O, ¿a casa de cuantos médicos y jueces tendríamos que ir las víctimas de negligencias médicas? Las declaraciones de este magistrado son de una gravedad extrema, pues, públicamente, está amenazando a jueces de rango inferior si condenan a los médicos.

Podría pensarse que estos son casos puntuales y que, en general, los jueces o magistrados intentan ser justos al dictar sus sentencias, pero no son casos puntuales, de este tipo de gente, así como del magistrado Montalbán, el de que, “las víctimas somos unos caprichosos…”, los tribunales están llenos. Y he de añadir que se necesita ser muy mala persona para hacer este tipo de afirmaciones cuando se trata de muertes gratuitas tan llenas de dolor, sufrimiento y ruina, y quien lo afirma es una persona que ha sufrido todo tipo de vejaciones e injusticias judiciales. Y, si alguien está interesado en saber más sobre este tema, le aconsejo que visite la página web, “El Defensor del Paciente”, de Carmen Flores, cuyo hijo fue víctima de los abusos de poder médico y judicial más aberrantes. Vale la pena visitarla.

Yo, por mi parte, seguiré denunciado estos abusos con la esperanza de que algún día los políticos que, como he escrito tantas veces, son los responsables de que las leyes que ellos mismos aprueban en el Parlamento, sean aplicadas con rigor y ecuanimidad. Los jueces son trabajadores del Estado, trabajadores para el pueblo a los que se les paga con nuestro dinero para que hagan su trabajo bien hecho; los políticos son los auténticos responsables de que esto sea así; políticos a los que votamos y depositamos nuestra confianza y que no pueden seguir con el mismo “mantra” de que, “hemos de respetar las decisiones judiciales aunque no estemos de acuerdo”. Se gane o se pierda un juicio, siempre ha de estar dentro del marco de la ley, no por la conveniencia del juez que te toque a la hora de juzgar. Yo, nunca he pedido nada que no estuviera dentro de la ley, solo he pedido que se cumplan con rigor los Artículos 343 y 447 del Código Penal, entre otros. Y, el Artículo 15 de nuestra Constitución que emana de la Carta Universal de los Derechos Humanos.

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Actualizada febrero 2019 By danicrack